Lo que le pasó a la jueza Carballo no es un hecho aislado ni una coincidencia desafortunada. Tiene antecedentes claros y tiene responsables en el clima que se construyó alrededor de ella.
Todo arranca con un fallo judicial sobre derechos de personas privadas de libertad, basado en normativa vigente y en las competencias propias de un juzgado de ejecución de la pena. Ese tipo de decisiones se apelan, se revisan y se corrigen dentro del sistema.
Pero el Ejecutivo decidió llevar ese conflicto fuera de los tribunales y colocarlo en la arena política. En conferencia de prensa, con cámaras, con narrativa y con intención, se expone a la jueza ante el país. Se le da rostro a un “problema”. Se le convierte en símbolo. En blanco.
A partir de ahí, lo que sigue deja de ser casual.
Los comentarios, las reacciones, el tono de las huestes presidenciales, todo responde a ese señalamiento inicial. La gente no se vuelve violenta sola. Hay un discurso que legitima, que orienta, que baja la discusión de lo jurídico a lo personal.
Meses después, la jueza denuncia que es agredida brutalmente por un vecino que ya la venía hostigando, con denuncias previas, amenazas y comportamientos reiterados. Según su propio relato, la agresión está vinculada a su labor como jueza.
Aquí ya no hay espacio para fingir desconexión.
Cuando desde el poder se expone a una persona concreta, se le convierte en blanco. Y en un contexto de polarización y violencia creciente, eso no se queda en lo simbólico. Se traduce en acciones.
Eso tiene relación. No es una teoría, es un patrón.
El Ejecutivo no necesita ordenar una agresión para ser parte del proceso que la hace posible. Basta con señalar a alguien como enemigo frente a una audiencia dispuesta a reaccionar.
Ese es el mecanismo del populismo cuando deja de ser discurso y empieza a operar sobre personas reales. Se simplifica el conflicto, se personaliza, se carga emocionalmente y se lanza al espacio público.
En este caso, eso terminó en golpes.
Hay otro elemento que agrava todo. La jueza habla de denuncias previas que no avanzaron. Eso abre una grieta institucional que no se puede ignorar.
Hace meses recibí una denuncia que no publiqué porque no tenía cómo sostenerla. Decía que el Juzgado y la Fiscalía de Heredia estaban politizados. No lo puedo afirmar como hecho, sigue siendo una duda. Pero cuando alguien denuncia varias veces hostigamiento, aporta pruebas, y aun así termina siendo agredida, la pregunta se vuelve necesaria.
¿Qué hizo la fiscalía con esas denuncias?
¿Por qué no se actuó antes?
¿Qué falló en la protección?
Costa Rica no está en un momento fácil. Hay más violencia, más polarización y menos cuidado en el uso del poder público. En ese contexto, exponer a personas desde el Ejecutivo no es un exceso retórico.
Es una práctica con consecuencias.
Y en este caso, esas consecuencias ya se vieron.
