Hay imágenes que dicen más que un comunicado. La reunión del dueño de Teletica con Rodrigo Chaves no puede leerse como una cortesía institucional cualquiera. No después de cuatro años de ataques, amenazas discursivas, denuncias penales, despidos, silencios forzados, visas canceladas y medios puestos contra la pared.
Durante décadas, para quienes venimos de las luchas sociales, La Nación y Teletica no fueron precisamente casas amigas. Fueron, casi siempre, los grandes templos de la opinión oligárquica. Los lugares desde donde se nos explicó, con voz engolada y cara de domingo, que protestar era alterar el orden, que defender instituciones públicas era atraso, que cerrar calles era violencia, que defender al ICE era romanticismo estatista, que decir No al TLC era miedo al progreso.
En el siglo pasado y durante los primeros veinte años de este, los grandes medios comerciales fueron parte del paisaje del poder. No estaban al margen del bipartidismo: ayudaban a sostenerlo. La Nación y Canal 7 no eran simples observadores de la vida nacional. Eran actores. Eran escenario, micrófono, editorial, filtro y sentencia. Decidían qué lucha era legítima y cuál era “desorden”. Decidían qué vocería popular merecía cámara y cuál debía quedar reducida a la imagen de una calle bloqueada, una piedra, una consigna o una fila de carros.
En el Combo ICE, miles salimos a la calle contra un proyecto que abría el camino a la privatización y debilitamiento de una institución estratégica. La lucha popular fue enorme, histórica, plural, incómoda. Y, sin embargo, los grandes medios la leyeron muchas veces desde la molestia del tránsito, desde el miedo al caos, desde la defensa del modelo que el bipartidismo quería vender como modernización.
En el TLC ocurrió algo parecido, pero multiplicado. Quienes estuvimos en la calle recordamos la maquinaria completa: cámaras, editoriales, cámaras empresariales, miedo, promesas de prosperidad, amenazas de aislamiento, “el tren del progreso” y toda la pedagogía del susto. Los movimientos sociales, sindicales, estudiantiles, feministas, campesinos, ambientalistas y comunitarios enfrentamos no solo al gobierno y al empresariado, sino también a un aparato mediático que rara vez narró nuestras razones con justicia.
Por eso este momento es extraño. Casi irónico. Porque Rodrigo Chaves, al llamar “canallas” a esos medios, al perseguirlos discursivamente, al ponerlos en la misma bolsa de los enemigos de la patria, terminó haciendo algo que ninguna lucha popular había logrado del todo: los acercó, aunque fuera coyunturalmente, al lugar de los medios hostigados. Los puso, por momentos, en la misma intemperie donde siempre han estado los medios independientes, comunitarios, socialistas, sindicales, universitarios y populares.
No porque La Nación o Teletica hayan dejado de ser lo que históricamente han sido. No porque se hayan convertido en trincheras populares. No porque de pronto amanecieran abrazando las luchas sociales. Sino porque el autoritarismo tiene una virtud macabra: cuando avanza, no distingue demasiado entre el viejo adversario ideológico y el nuevo obstáculo político. Ayer esos medios fueron funcionales al poder económico. Hoy pueden ser incómodos para un poder político que no tolera contrapesos.
Y ahí está la contradicción.
Durante años, Rodrigo Chaves convirtió a La Nación, CRHoy y Teletica en enemigos públicos de su relato. Les dijo canallas, sicarios políticos, corruptos, parte de estructuras que había que destruir. Desde Casa Presidencial se atacó a periodistas por nombre y apellido. Se cerró Parque Viva. La Sala Constitucional tuvo que recordarle al gobierno que la libertad de prensa no se estrangula por la puerta administrativa. Se denunció penalmente a periodistas. Se expulsó a Sergio Ortiz de Casa Presidencial. Se rodeó con escoltas a comunicadores incómodos. Se burlaron de Doble Check. Se señaló a CRHoy. Se golpeó a La Nación. Se apretó a Canal 7.
Y entonces llega esta reunión.
René Picado no llega a Casa Presidencial como cualquier empresario. Llega como dueño de un medio que fue señalado durante años por Chaves. Llega después de la salida de Ignacio Santos. Llega después de un reacomodo editorial. Llega después de los despidos de Álvaro Sánchez y Cristian Montero. Llega en un momento en que el nuevo gobierno Fernández-Chaves necesita alinear poderes, bajar resistencias, ordenar el tablero y cerrar filas alrededor de sus proyectos.
Y esta semana, además, La Nación parece colocarse en una posición cercana o favorable a la llamada ley del apagón eléctrico. Eso nos devuelve, de golpe, al viejo mapa. Cada quien a su nicho. Cada quien a su interés de clase. Cada quien a su lugar histórico.
Porque una cosa es que un gobierno autoritario ataque a un medio oligárquico, y otra muy distinta es creer que ese medio dejó de ser oligárquico. Una cosa es defender la libertad de prensa cuando un gobierno acosa a periodistas, y otra es olvidar que esos mismos medios han dinamitado por décadas las luchas populares.
Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Se puede denunciar el autoritarismo de Chaves y, al mismo tiempo, recordar el papel histórico de La Nación y Teletica contra el movimiento popular.
Se puede defender a periodistas perseguidos sin canonizar a sus empresas.
Se puede rechazar que a una junta directiva le quiten visas como castigo político y, al mismo tiempo, no olvidar que esos medios fueron correas de transmisión del modelo neoliberal.
Se puede decir que el gobierno amenaza la libertad de prensa y también decir que la prensa oligárquica nunca ha sido neutral.
La información que circula en estos días es delicada. Hay versiones imposibles de confirmar públicamente sobre presiones migratorias, visas, familias en Estados Unidos y amenazas indirectas contra dueños o directivos de medios. Eso no puede presentarse como hecho probado. Pero sí puede leerse como síntoma de época: cuando el poder político se alía con un poder extranjero capaz de castigar con visas, deportaciones o miedo familiar, la libertad de prensa queda en una zona de chantaje.
Y si un medio llamado durante años “canalla” termina sentado en Casa Presidencial, después de la salida de periodistas incómodos y de cambios internos en su dirección editorial, la pregunta no es menor.
¿Qué se habló ahí?
¿Qué pidió el poder político?
¿Qué ofreció el poder mediático?
¿Qué silencios se están negociando?
¿Qué proyectos necesitan cobertura amable?
¿Qué periodistas sobran?
¿Qué líneas editoriales deben suavizarse?
¿Qué intereses están detrás de tanta cordialidad repentina?
El problema no es que Picado se reúna con Chaves. Los dueños de medios siempre han hablado con el poder. El problema es el contexto. El problema es la secuencia. El problema es que esta reunión ocurre después de años de ataques, después de sanciones indirectas, después de despidos, después de amenazas públicas y privadas, después de visas canceladas a otros actores críticos, después de que el chavismo entendió que para gobernar sin obstáculos necesita disciplinar no solo a la Asamblea, no solo a la Corte, no solo al TSE, sino también a la prensa.
Para quienes venimos de las luchas populares, esto no nos sorprende. Lo hemos visto antes, aunque con otros nombres y otros trajes. El poder económico y el poder político pelean cuando se disputan el mando. Pero se reconcilian rápido cuando el pueblo aparece en la ecuación.
Por eso no hay que confundirse.
La Nación y Teletica no se volvieron populares porque Chaves los atacó. Pero los ataques de Chaves sí demostraron que ningún medio, ni siquiera los grandes, está completamente a salvo cuando un proyecto autoritario decide gobernar por miedo.
Y ahora que algunos de esos medios vuelven a alinearse con intereses económicos contrarios al ICE, a la institucionalidad pública y a las luchas sociales, queda claro que la contradicción sigue viva.
No se trata de escoger entre medios oligárquicos o autoritarismo chavista.
Se trata de defender la libertad de prensa sin tragarse el cuento de la neutralidad oligárquica.
Se trata de defender a periodistas atacados sin olvidar a los pueblos atacados por esos mismos medios.
Se trata de mirar la reunión de Picado con Chaves no como una anécdota, sino como una señal.
Porque cuando los poderes que se insultaban ayer se sientan hoy a conversar, el pueblo tiene derecho a sospechar.
Y más que derecho, tiene memoria.
