Hoy participé en una reunión más de COESO, Colectivo Estado Solidario, que agrandamos con otros grupos organizados y personas de la sociedad civil preocupadas por las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Mientras en oficinas, juntas directivas, gerencias y mesas técnicas se discuten modelos, reglamentos, pagos y cifras, hay personas esperando una operación que les devuelva la movilidad, una mamografía que les despeje el miedo, una cita con especialista que les permita saber qué tienen, una cirugía que les quite el dolor o les salve la vida.
Las listas de espera no son un número. Son cuerpos esperando. Son mujeres con sangrados anormales a quienes se les posterga la atención ginecológica. Son personas con lesiones que se agravan mientras esperan una cirugía ortopédica. Son pacientes oncológicos que viven con el corazón en la garganta. Son familias que se endeudan para pagar consultas, exámenes y procedimientos privados porque la Caja no les responde a tiempo.
Y no, esto no se explica solamente diciendo que “hay demasiada demanda”, que “la población envejeció”, que “faltan especialistas” o que “la Caja es muy grande”. Todo eso puede ser parte de una realidad compleja, pero no puede convertirse en la excusa eterna para esconder el problema de fondo: durante años se han tomado decisiones administrativas, financieras y políticas que debilitan la capacidad pública de atención y que convierten la enfermedad en un negocio para unos pocos.
La lista de espera no nace sola. Se fabrica cuando se cierran agendas, cuando se reducen horas efectivas de atención, cuando se concentran especialistas en pocos centros, cuando se desperdician quirófanos por falta de equipos completos, cuando no se programa bien, cuando se contrata de manera parcial sin una estrategia nacional, cuando no se mide la productividad real y cuando se deja que la información se vuelva opaca.
Hay una pregunta que debe responderse con datos y con absoluta transparencia: ¿quién controla la producción quirúrgica y médica dentro de la Caja?
Porque una cosa es reconocer que existen especialistas indispensables, con una preparación que el país necesita y debe valorar. Y otra muy distinta es permitir que la escasez de esos especialistas se convierta en una forma de poder sin controles. Una cosa es pagar justamente por trabajo adicional, por resultados reales y por atención efectiva. Otra es construir un sistema donde unas pocas personas, o pequeños grupos altamente concentrados, puedan decidir cuántos procedimientos se realizan, cuándo se hacen, dónde se hacen y cuánto cuesta resolverlos.
La discusión sobre el CUMCAS-PIB no puede quedarse en una sopa de letras técnica para que la ciudadanía se canse y cambie de tema. No es un asunto menor. Es una metodología de pago por resultados que pretende resolver atrasos mediante remuneraciones por procedimientos realizados. Su promesa es sencilla: más producción, menos espera. Pero la pregunta fundamental no es si se puede pagar por cada lectura, cada examen o cada cirugía. La pregunta es quién fija las reglas, quién revisa los datos, quién verifica que las listas sean reales, quién controla que no se estén manipulando horarios, cupos, referencias, prioridades o procedimientos para sostener un negocio alrededor de la espera.
Si una institución pública llega al punto en que necesita pagar extra para que se haga, fuera de la jornada ordinaria, el trabajo que debería estar garantizado con planificación, equipos suficientes y una gestión seria, entonces no estamos frente a una solución estructural. Estamos frente a un parche. Y los parches, cuando se vuelven permanentes, terminan siendo un modelo de negocio.
No se trata de perseguir médicos ni de convertir a todo especialista en sospechoso. Se trata de exigir transparencia. Se trata de saber cuántas horas de quirófano existen, cuántas se usan realmente, cuántas se pierden, por qué se pierden, cuántos procedimientos se hacen por jornada, cuántos se hacen por pago extraordinario, cuáles especialidades concentran más recursos, cuáles hospitales tienen mejores resultados, cuáles tienen peores listas y por qué.
Se trata de preguntar cuántos pacientes esperan por una cirugía, pero también cuánto tiempo esperan desde que son referidos hasta que reciben la primera valoración. Se trata de saber si una persona está esperando porque no hay capacidad real o porque el sistema dejó de producir lo que podía producir. Se trata de revisar si la Caja está contratando más personal, si está formando especialistas suficientes, si distribuye bien los recursos entre regiones, si fortalece el primer nivel de atención o si, por el contrario, deja que todo termine reventando en los hospitales.
En la reunión de hoy se insistió en algo elemental: sin datos confiables no hay manera de controlar nada. Y sin transparencia, cualquier reforma se convierte en un cheque en blanco.
La Caja necesita información pública, clara y actualizada. Necesita que una persona pueda saber qué pasa con su trámite, cuánto tiempo promedio se espera en su especialidad, qué criterios se usan para priorizar, qué derechos tiene, dónde reclama y quién responde. Necesita que las juntas de salud, los sindicatos, las organizaciones de pacientes, las universidades y la ciudadanía puedan revisar los números sin tener que mendigar información.
Porque cuando una institución se llena de siglas, reglamentos, excepciones, fórmulas de pago y sistemas que nadie logra entender, lo que crece no es la eficiencia. Lo que crece es la posibilidad de que alguien haga negocio en la oscuridad.
Y esa oscuridad no es casual. Le sirve a quienes quieren convencer al país de que la Caja no sirve. Le sirve a quienes esperan que las listas sean tan largas que la población termine resignándose a pagar en la privada. Le sirve a quienes ven la salud como mercado y no como derecho. Le sirve a quienes quieren abrir la puerta a la tercerización, a la compra indiscriminada de servicios y a la privatización silenciosa de lo que durante décadas fue una conquista colectiva.
La Caja no es perfecta. Nadie serio dice que lo sea. Tiene burocracia, tiene errores, tiene rezagos, tiene estructuras que deben corregirse y modernizarse. Pero modernizar no es privatizar. Mejorar no es desmantelar. Gestionar mejor no es entregar la salud pública a intereses privados. Y una lista de espera no puede ser utilizada como excusa para desmontar el modelo solidario, universal y público de la seguridad social costarricense.
La CCSS no es solamente un hospital, una clínica, una pensión o una receta. Es uno de los pilares de nuestra democracia. Es la idea de que una persona no debería morirse por no tener plata. Es la idea de que una mujer de zona rural tiene derecho a atención aunque no tenga tarjeta de crédito. Es la idea de que una persona adulta mayor, una persona con discapacidad, una niña, un trabajador informal o una familia pobre no deben quedar abandonados porque el mercado decidió que no son rentables.
Por eso hay que leer. Hay que preguntar. Hay que pedir los datos. Hay que aprender qué significan esas siglas que nos tiran como si fueran claves de un banco. Hay que exigir que expliquen qué están haciendo con los recursos públicos, cómo están pagando, a quiénes, con qué controles y con qué resultados.
No podemos permitir que nos vendan como “solución” aquello que apenas administra la crisis. No podemos permitir que la desesperación de miles de personas se convierta en una oportunidad de negocio. No podemos permitir que la lista de espera sea la coartada para terminar de debilitar a la Caja.
La ciudadanía tiene que informarse sobre la realidad de la CCSS, pero también sobre lo que este gobierno pretende hacer con ella. Tiene que vigilar cada proyecto, cada reglamento, cada contratación, cada discurso que llegue disfrazado de modernización. Porque cuando nos quieren hacer creer que la Caja es un estorbo, en realidad nos están diciendo que nuestros derechos son negociables.
Y no lo son.
La Caja debe cambiar, sí. Pero debe cambiar para atender más, mejor y con transparencia. Debe cambiar para reducir las listas sin entregar el sistema. Debe cambiar para que la salud deje de depender de quién conoce a quién, quién puede pagar, quién logra colarse o quién tiene fuerzas para insistir.
Defender la CCSS no significa defender sus errores. Significa defender el derecho del pueblo costarricense a corregirla sin que se la roben.
