La discusión sobre la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) vuelve a colocarse en el centro del debate público por hechos concretos que obligan a ver de frente qué es esta institución, qué hace y, sobre todo, qué no hace.
La DIS no es un cuerpo policial tradicional. No investiga delitos en el sentido judicial, no acusa ni procesa. Es, por definición legal, un órgano adscrito a la Presidencia cuya función principal es recopilar y analizar información para el mandatario en materia de seguridad nacional (nacion.com). Esa característica la convierte en una institución excepcional dentro del aparato estatal. Su poder no radica en la acción directa, sino en el manejo de información, en lo que sabe, en lo que decide comunicar y en lo que decide no comunicar.
En el Movimiento Social lo venimos discutiendo durante décadas. No es casual que un exagente de la DIS, Rodolfo Manuel Cruz Morales, haya planteado en un artículo publicado en La Nación una pregunta que hoy resuena con más fuerza que nunca: qué hace la DIS en espacios donde no debería estar y bajo qué límites opera. Cruz nos deja la duda en su publicación sobre lo que sucedió en el hospital de Puntarenas. Pero su planteamiento no es poca cosa. Advertía sobre la expansión difusa de funciones en una institución que, por su diseño, trabaja bajo niveles de reserva que no siempre dialogan bien con los principios de control democrático.
Esa preocupación tampoco es nueva en el ámbito académico. Distintas voces han insistido en la necesidad de reformar la DIS, no eliminarla, pero sí sacarla de esa condición de “caja negra” que históricamente ha marcado su funcionamiento y someterla a mayores controles y transparencia (acontecer.uned.ac.cr).
Yo como ciudadana difiero con la experta de la UNED, la DIS debe desaparecer.
En ese contexto, el caso de Roberto Samcam introduce una dimensión que ya no es teórica. Samcam denunció amenazas ante la DIS antes de ser asesinado y no recibió protección (elpais.com). La información que manejaba no era menor. Incluía elementos sobre narcotráfico, estructuras de poder en Nicaragua y redes que, según distintas investigaciones, podrían tener alcance regional.
Su caso no es aislado en la discusión pública. Se suma a otras experiencias, como la mía, donde la relación con la DIS no se percibe como un mecanismo claro de protección, sino todo lo contrario, se percibe como una institución de persecusión política, como un espacio opaco, difícil de justificar.
Ahí es donde la discusión deja de ser institucional y pasa a ser ciudadana.
Porque si una entidad que depende directamente del Poder Ejecutivo concentra información sensible sobre seguridad nacional, pero no está sujeta a controles robustos ni a mecanismos claros de rendición de cuentas, la pregunta no es solo qué hace, sino para quién y bajo qué límites.
Y esa pregunta se vuelve aún más urgente cuando se discuten proyectos de ley que buscan fortalecer sus capacidades.
Dar más “dientes” a la DIS no es buena idea. El crimen organizado, el narcotráfico y las redes transnacionales no son fenómenos menores. Pero fortalecer sin delimitar es otra cosa. Es ampliar capacidades sin asegurar controles. Es potenciar una herramienta sin definir claramente sus fronteras.
Obviamente, al ser de “ïnteligencia” no deberíamos conocer los nombres de esos empleados públicos, pero no me sorprendería que entre su planilla nos encontremos a personajes oscuros.
En un país como Costa Rica, donde la institucionalidad ha sido históricamente el principal resguardo democrático, ese tipo de decisiones no pueden tomarse a la ligera.
El caso Samcam dejó al descubierto algo que no puede ignorarse. La inteligencia existe. La información circula. Las amenazas se conocen. Pero la protección no siempre llega. Y cuando no llega, el problema no es solo operativo. Es estructural.
¿Protege la DIS a Zapote y sus negocios o a la ciudadanía?
Por eso, más allá de un caso, lo que está en discusión es el rumbo.
No se trata de debilitar al Estado. Se trata de entender qué tipo de aparato de inteligencia queremos. Una que informe, prevenga y proteja dentro de límites claros, o una que opere en zonas grises, donde la persecución política es la tónica y las responsabilidades se vuelven difusas.
La diferencia entre una y otra no es técnica. Es democrática.
Y en ese punto, conviene estar atentas y atentos. Porque las leyes que hoy se discuten no solo definen el alcance de una institución.
Definen el tipo de Estado que se está construyendo.
