Hablar de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) en Costa Rica es entrar en una zona incómoda del Estado. No es una institución cualquiera, ni cumple una función clara para la ciudadanía. Es, en esencia, el aparato de inteligencia del Poder Ejecutivo, históricamente asociado más al control político que a la seguridad pública.
La DIS nació en el contexto de la Guerra Fría, bajo una lógica de vigilancia ideológica y control interno. Desde entonces, su naturaleza ha sido ambigua: no investiga delitos como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), no hace prevención como la Fuerza Pública, y tampoco responde a controles democráticos robustos. Su campo de acción ha sido, más bien, el seguimiento de actores políticos, movimientos sociales y figuras consideradas “sensibles” por el gobierno de turno.
Esa ambigüedad es la raíz de su problema. Porque una institución que opera en las sombras, sin controles claros y sin rendición de cuentas pública, inevitablemente genera desconfianza.
Durante los gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC), esa desconfianza se convirtió en discurso político. Se hablaba abiertamente de eliminar la DIS. Era una conversación real, no retórica. En espacios privados y políticos se discutía la necesidad de desmontar esa estructura heredada de otra época. Incluso figuras cercanas al aparato, como Mariano Figueres, conocían de primera mano ese cuestionamiento.
Pero el desenlace fue otro. La institución no solo no se eliminó, sino que se mantuvo intacta. Y más aún: Mariano Figueres terminó dirigiéndola. El sistema absorbió la crítica y la convirtió en continuidad.
Ese giro es revelador. Porque confirma algo incómodo: la DIS no se sostiene por eficiencia ni por resultados, sino por utilidad política. Todos los gobiernos la cuestionan cuando están fuera, y la conservan cuando llegan al poder.
Y razones para cuestionarla sobran.
La DIS ha estado rodeada de controversias durante décadas. Su opacidad ha impedido conocer con claridad qué hace, cómo lo hace y contra quién actúa. Su historial no está marcado por grandes golpes al crimen organizado ni por aportes decisivos a la seguridad nacional. Más bien, ha sido señalada reiteradamente por su posible uso como herramienta de vigilancia política.
La desconfianza ciudadana no es un invento reciente. Es acumulativa. Y se alimenta de casos, silencios y contradicciones.
Un ejemplo emblemático es el paso de Celso Gamboa por la dirección de la DIS, una figura que luego terminaría profundamente cuestionada por sus vínculos con estructuras criminales. Ese antecedente por sí solo debería haber provocado una reforma profunda o incluso la desaparición de la institución. No ocurrió.
En lugar de eso, lo que vemos hoy es un intento de fortalecerla.
Los documentos oficiales del 2026 muestran una reorganización integral de la DIS. Según el criterio técnico del Ministerio de Justicia y Paz, la institución pretende transformarse en un órgano más moderno, especializado y orientado al “ciclo de inteligencia” .
En la práctica, esto significa crear nuevos departamentos de inteligencia estratégica, inteligencia táctica, contrainteligencia y ciberinteligencia. También implica eliminar unidades existentes y centralizar funciones administrativas.
El lenguaje técnico habla de eficiencia, modernización y anticipación de riesgos. Pero el trasfondo es otro: se está ampliando la capacidad de vigilancia del Estado.
Particularmente preocupante es la creación de estructuras de contrainteligencia y ciberinteligencia. Estas no están orientadas a combatir delitos comunes, sino a identificar amenazas al Estado, lo cual, en contextos políticos tensos, puede traducirse fácilmente en vigilancia de oposición, movimientos sociales o voces críticas.
Y todo esto ocurre con aval institucional pleno.
El Ministerio de Justicia y Paz otorgó el visto bueno a la reorganización “en todos sus alcances” , y el Ministerio de la Presidencia ya remitió el estudio técnico a Mideplan para su aprobación final .
Es decir, no es una propuesta marginal. Es una decisión política en curso.
Este proceso no puede analizarse de forma aislada. Coincide con un momento político particular: el alineamiento del gobierno de Rodrigo Chaves con agendas de seguridad más duras, y su acercamiento a Estados Unidos en materia de control y vigilancia.
La visita de Chaves a Estados Unidos no es un hecho menor en este contexto. Históricamente, las agendas de cooperación en seguridad han implicado transferencia de modelos, tecnologías y doctrinas de inteligencia. Y en muchos casos, esos modelos priorizan el control interno por encima de las garantías democráticas.
Aquí es donde la preocupación se vuelve concreta.
Costa Rica ya tiene instituciones encargadas de combatir el crimen organizado. El OIJ, con recursos limitados, realiza investigaciones complejas. El Ministerio de Seguridad despliega operativos. Ninguna de esas funciones requiere una policía política.
Sin embargo, la DIS no compite en ese terreno. Su función no es perseguir narcotráfico. Su función es otra. Y con esta reorganización, esa función se fortalece.
Más aún, hay señales de tensiones internas. El propio Rodrigo Chaves ha mostrado desconfianza hacia la DIS, al punto de limitar accesos sensibles, como el control de escáneres en puertos, retirados a su director Jorge Torres. Esto sugiere que ni siquiera dentro del Ejecutivo existe claridad o confianza sobre el uso de esta herramienta.
Resulta, además, difícil de entender que Jorge Torres, pese a sus torpezas evidentes, continúe al frente de la institución. Y si uno se pone a pensar en posibles sustitutos, el panorama no tranquiliza: lo que viene a la mente es el exfiscal de Cibercrimen que salió por la puerta de atrás del Poder Judicial. No parece haber una apuesta por profesionalizar, sino por reciclar figuras cuestionadas dentro del mismo circuito de poder.
Y aun así, se le está dando más poder.
Eso es lo verdaderamente inquietante.
Porque una institución históricamente opaca, cuestionada, asociada a figuras polémicas, sin resultados claros en seguridad pública, ahora se está modernizando bajo una lógica de mayor vigilancia, más tecnología y mayor capacidad operativa.
En un país con creciente conflictividad social, con discursos de confrontación desde el poder y con debilitamiento de otras instituciones de seguridad, el fortalecimiento de un aparato de inteligencia sin controles claros no es una buena señal.
La ciudadanía debe mantenerse alerta ante cualquier transformación de la DIS, especialmente si responde a presiones o alineamientos internacionales. Y más aún si estas decisiones terminan siendo funcionales a agendas externas, como las impulsadas desde Estados Unidos bajo la influencia de Donald Trump.
A esto se suma un clima político cada vez más agresivo desde el propio gobierno. Cuando el presidente Rodrigo Chaves habla de “erradicar comunistas”, no es una frase inocente: en el contexto de un aparato de inteligencia fortalecido, suena peligrosamente cerca de una directriz política. Y si a eso se le agrega que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ha manifestado respaldo a la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial, el panorama se vuelve todavía más oscuro. No son hechos aislados: son piezas que encajan en una lógica de poder que erosiona garantías básicas y abre la puerta a la persecución política.
No se trata de teorías. Se trata de estructura estatal.
Costa Rica no necesita una policía política más sofisticada. Necesita instituciones transparentes, controladas y orientadas a la seguridad de la población, no al monitoreo de la disidencia.
Y sin embargo, la DIS sigue ahí. Más viva que nunca.
Sé que me expongo escribiendo sobre este tema, pero para eso les tengo a ustedes, para que no me suelten. Seguimos.
