Lo alarmante del caso de la clínica psicológica presionada por el Ministerio de Salud no es solo el exceso administrativo. Es el tipo de Estado que deja entrever. Según reveló CRHoy, a ese centro se le exigía entregar semanalmente nombre completo, cédula, fecha de nacimiento, dirección, teléfono y diagnóstico de pacientes con depresión o riesgo suicida, bajo amenaza de clausura, multas y denuncia penal. No se trataba de una simple estadística anonimizada para orientar política pública. Se trataba de datos nominales de personas en condición de particular vulnerabilidad. (CR Hoy)
Aquí conviene poner orden, porque el poder suele aprovechar la confusión. La CIE-11 de la OMS es una clasificación internacional para registrar y reportar enfermedades y condiciones de salud; sirve para estandarizar información diagnóstica y producir lenguaje común en los sistemas sanitarios. Eso no equivale, por sí solo, a justificar que una autoridad administrativa concentre listas identificables de pacientes psiquiátricos o psicológicos. Una cosa es clasificar y contar. Otra, muy distinta, es fichar. OMS, CIE-11 (CR Hoy)
El propio Reglamento de Vigilancia de la Salud, Decreto 40556-S, no se limita a enfermedades transmisibles. El texto prevé vigilancia también sobre eventos no transmisibles y otros ámbitos de salud pública, y faculta al Ministerio a requerir información para vigilancia sanitaria. Ahí está justamente el problema: el decreto abrió la puerta, pero no cerró con suficiente precisión cuáles son los límites cuando se trata de datos sensibles en patologías no transmisibles, como cardiopatías, cáncer o trastornos mentales. Ese vacío es el que vuelve tan delicada la exigencia de datos nominales. Decreto 40556-S (CR Hoy)
Porque para diseñar política pública seria, el Estado no necesita saber cómo se llama cada persona con esquizofrenia, depresión severa o ideación suicida. Lo que necesita son patrones: edad, sexo, territorio, frecuencia, oportunidad de atención, evolución de casos, disponibilidad de especialistas, tiempos de espera. Datos agregados, no nombres propios circulando por oficinas. La Ley 8968 considera sensibles los datos de salud y protege ese fuero íntimo; por eso la discusión no es técnica nada más, sino también legal y democrática. (Procuraduría General de la República)
El Colegio de Profesionales en Psicología reaccionó justamente en esa línea: recordó que la noticia aludía a una orden para entregar datos nominales e identificatorios de pacientes en tratamiento por depresión o riesgo suicida, y defendió la confidencialidad como parte del ejercicio profesional. Es decir, la alarma no nació en redes ni en teorías de persecución: surgió desde el propio campo profesional. (psicologiacr.com)
Ese debate sería grave en cualquier país. En la Costa Rica de hoy lo es todavía más, porque no ocurre en el vacío. Ocurre en un contexto donde la jerarquía del Ministerio de Salud ha sido señalada públicamente por prácticas de hostigamiento e intimidación. Teletica informó sobre una denuncia por presunto acoso laboral y una carta firmada por cientos de funcionarios contra Mary Munive. Más recientemente, CRHoy publicó testimonios y documentos sobre un ambiente de acoso e intimidación dentro del Ministerio, incluyendo la renuncia de un director que responsabilizó directamente a la ministra. (Teletica)
Cuando una institución ya cuestionada por su trato interno pretende ampliar el acceso estatal a datos extremadamente sensibles, la desconfianza ciudadana no es capricho: es prudencia democrática. Más todavía si el clima político viene cargado de retaliación simbólica, estigmatización pública y relatos armados al calor del poder.
Ahí entra otro episodio reciente. El 8 de marzo, tras los daños al Teatro Popular Melico Salazar durante la marcha feminista, desde el oficialismo y el aparato gubernamental se impulsó rápidamente una narrativa de condena pública. Pero luego circularon imágenes y video que mostraban a un hombre rayando las paredes. Es decir, antes de que los hechos estuvieran claros, ya existía una lectura políticamente funcional del incidente. Ese patrón importa: primero se instala el escándalo, después, si acaso, se afinan los detalles. CRHoy, caso Melico (CR Hoy)
Ese mismo clima de intimidación asomó en otro frente. En febrero de 2026, La Nación reportó que un columnista de Delfino pidió borrar sus artículos porque se sentía perseguido por un jerarca del Ejecutivo. El caso, por sí solo, no prueba espionaje ni acceso ilegal a expedientes. Pero sí documenta un dato político durísimo: hay voces críticas que dicen escribir y opinar bajo miedo. (La Nación)
Y ahora el discurso oficial da otro salto. Este 18 de marzo, La Nación reportó que Nogui Acosta, futuro jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano, planteó que, si el Congreso aprueba la suspensión de garantías, podrían hacerse allanamientos sin orden judicial. No es un detalle menor ni una salida en falso cualquiera. Es la verbalización abierta de una lógica de poder: primero se debilitan los resguardos, luego se normaliza la intrusión, y al final se pregunta con cinismo cuál fue el daño si no encontraron nada. (La Nación)
Visto en conjunto, el panorama es inquietante. Un gobierno que tolera o reproduce prácticas de intimidación, que se apresura a fijar narrativas útiles contra sectores incómodos, que coquetea con allanamientos sin orden judicial y que, además, pretende concentrar información nominal sobre salud mental, no está fortaleciendo la política pública: está ensanchando la zona de riesgo para los derechos fundamentales.
El argumento de la prevención no basta para justificarlo todo. Sí, el Estado debe saber si aumentan los intentos de suicidio. Sí, debe saber dónde faltan psiquiatras y psicólogos, dónde colapsa la atención y qué grupos están en mayor vulnerabilidad. También habría que decir algo obvio: si el Estado cancelara la deuda que mantiene con la CCSS, probablemente mejorarían los servicios de salud y habría más capacidad para atender el aumento de los casos de salud mental. De hecho, la propia Caja confirmó esta semana que acudirá a la vía judicial para cobrar parte de esa deuda. CRHoy, deuda con la CCSS (CR Hoy)
Pero una política pública decente se construye con información robusta y resguardos estrictos, no con la tentación de convertir al paciente en expediente disponible y al expediente en arma futura.
Eso es lo que está en juego. No solo la confidencialidad médica, sino la frontera entre vigilancia sanitaria y control político. En una democracia sana, esa frontera se defiende con ley, con garantías y con límites claros al poder. En una democracia fatigada por la posverdad, el castigo ejemplarizante y el show mediático, esa frontera se vuelve exactamente el lugar donde más hay que pelear. (Procuraduría General de la República)
