El discurso de Laura Fernández en el Tribunal Supremo de Elecciones tuvo algo muy propio de estos tiempos: una mezcla de datos ciertos con una narrativa que no termina de calzar con la vida cotidiana de la gente.
Sí, hay cifras que el gobierno repite y que existen. La inflación bajó de forma importante, incluso llegó a ser negativa en 2025. La pobreza, según la Encuesta Nacional de Hogares del INEC, también se redujo en comparación con el 2022. El crecimiento económico se ha mantenido relativamente sólido, impulsado sobre todo por zonas francas y exportaciones. Eso está ahí, medido, documentado.
Pero la pregunta no es si esos datos existen. La pregunta es si esos datos describen la vida real de la mayoría.
Porque al mismo tiempo que se celebran esas cifras, el propio Programa Estado de la Nación ha señalado que la inversión social se ha debilitado. Educación sigue lejos del 8% del PIB, hay retrocesos en cobertura y calidad, y programas sociales han perdido fuerza relativa. No es un detalle técnico: es la base de cómo vive la gente. Cuando el Estado se retrae, alguien paga ese costo. Y normalmente no es quien está dando el discurso.
Por eso el relato de “hoy vivimos mejor” se siente incompleto. No porque todo esté mal, sino porque no todo está bien. Hay familias que siguen comiendo una vez al día, que estiran el salario hasta donde no alcanza, que dependen de redes de apoyo porque el Estado ya no llega igual. Ese país no aparece en el discurso.
Ahí es donde entra la posverdad. No como mentira descarada, sino como selección interesada. Se toman datos reales, se ordenan de forma conveniente y se presenta una imagen que no es falsa del todo, pero tampoco es completa. Es una verdad editada.
También hay que decirlo claro: la reducción de la pobreza no equivale a bienestar estructural. Bajar del 23% al 15,2% es relevante, sí. Pero sigue habiendo cientos de miles de personas en pobreza, y decenas de miles en pobreza extrema. Decir que estamos “cerca de erradicarla” no es un dato, es una interpretación optimista que suaviza la gravedad.
Y mientras tanto, el país vive otra realidad que no cabe en las estadísticas económicas: la violencia y el narcotráfico. Costa Rica atraviesa uno de los momentos más duros en seguridad de su historia reciente. Las tasas de homicidio se dispararon en los últimos años, y aunque haya intentos de contención, la sensación en la calle es otra. Es miedo. Es incertidumbre. Es la percepción de que el Estado perdió control en algunos territorios.
Esa sensación no es menor, ni es inventada. Es parte de la vida cotidiana. Y ningún discurso económico la borra.
Sobre la deuda política, Laura anunció que renuncia a ₡11.500 millones, pero aquí hay un punto clave que no se puede maquillar: ese dinero no es de ella. Es un derecho del partido. Y en este caso, del PPSO. Además, según , Laura ya no forma parte del partido justamente por incompatibilidades legales con el cargo. Entonces, más que un acto individual, la decisión real recae en la estructura partidaria.
La pregunta es inevitable: ¿va Mayuli Ortega y el PPSO a sostener esa renuncia en la práctica? ¿O estamos frente a una promesa que luce bien en el acto, pero que después se diluye en los trámites?
Al final, el problema no es que el gobierno muestre sus mejores números. Eso es esperable. El problema es cuando esos números se usan para construir una narrativa que pretende cerrar la discusión, como si el país que no llega a fin de mes, el país que vive con miedo, el país que siente que retrocede en lo social, simplemente no existiera.
Y ese país sí existe. Está ahí. Y no está viviendo mejor.
