El acto violento de Donald Trump contra Venezuela no ocurre en el vacío ni es un exabrupto aislado. Es una señal geopolítica que reverbera directamente en América Latina y, de manera muy concreta, en Costa Rica, justo en un momento electoral. No es solo política exterior: es intervención simbólica, alineamientos forzados y presión indirecta sobre los procesos democráticos de países pequeños que históricamente han orbitado bajo la influencia estadounidense.
En Costa Rica existe un sector político y social profundamente proyanqui, enamorado del poder militar, económico y simbólico de Estados Unidos. Ese sector no es marginal: atraviesa élites económicas, medios de comunicación, parte del empresariado, capas conservadoras de la clase media y figuras políticas que ven en Washington una garantía de protección, legitimidad o impunidad. Para ese público interno, la agresión de Trump a Venezuela no se lee como un acto de violencia imperial, sino como una demostración de orden, fuerza y liderazgo. Ese encuadre es peligrosísimo en campaña electoral, porque normaliza la idea de que alinearse con Estados Unidos es sinónimo de estabilidad, aunque el costo sea la soberanía y el derecho internacional.
La liberación o el trato privilegiado a Juan Orlando Hernández es clave para entender la doble moral. Durante años fue un aliado estratégico de Estados Unidos, mientras Honduras se consolidaba como una de las principales rutas del narcotráfico en la región. Cuando dejó de ser útil, fue judicializado. Cuando conviene, se negocia. Esto deja un mensaje clarísimo para las élites regionales: la lucha contra el narcotráfico no es un principio ético, es una herramienta política. No se castiga el crimen, se castiga la desobediencia geopolítica.
En ese contexto, la expectativa que existía en torno a una posible petición de extradición de la DEA contra Rodrigo Chaves, y la posterior ausencia de cualquier avance visible en esa dirección durante el período de Trump, no es un detalle menor. Lo que queda es una sospecha razonable de que ese proceso pudo haber sido frenado o desactivado por razones políticas, lo cual refuerza la idea de que la supuesta lucha contra el narcotráfico responde más a cálculos de conveniencia y alineamiento que a un compromiso real con la justicia.
A esto se suma un hecho gravísimo que recientemente se conoció: una de las dirigentes del partido oficialista costarricense estuvo en Estados Unidos solicitando financiamiento para la campaña electoral en Costa Rica, específicamente a sectores vinculados al movimiento MAGA. No se trata de cooperación internacional ni de encuentros diplomáticos, sino de pedir plata para una campaña nacional en el corazón del trumpismo. Y todo indica que ese financiamiento sí se habría concretado. Esto ya no es simpatía ideológica ni afinidad política: es injerencia directa en el proceso electoral costarricense a través de dinero, redes de poder y respaldo externo.
Trump ya demostró en Honduras que no tiene reparos en intervenir en procesos electorales, directa o indirectamente. La presión diplomática, el financiamiento selectivo, el respaldo explícito o implícito a determinados actores, la narrativa mediática internacional y el uso de premios o castigos son formas modernas de intervención que no requieren marines desembarcando. En países pequeños, dependientes y estratégicamente ubicados, estas señales pesan. Costa Rica no es inmune a esto.
Trump se está tardando en enviar un mensaje directo a Costa Rica advirtiendo que, si el partido oficialista no resulta electo, Estados Unidos podría imponer sanciones a esta región. Esa amenaza latente no es gratuita. Costa Rica ocupa una posición estratégica entre Nicaragua y el Canal de Panamá, una franja clave para el control geopolítico, comercial y de seguridad. La lógica es conocida y brutal: o alineamiento político, o castigo económico y diplomático.
El mensaje de Trump con Venezuela es también un mensaje interno para toda América Latina. Quien no se alinee, paga. Quien se someta, puede negociar. En campaña electoral, esto se traduce en miedo, autocensura y oportunismo. Políticos que bajan el tono para no incomodar a Washington, medios que evitan llamar invasión a una invasión, opinadores que justifican la violencia externa mientras predican democracia puertas adentro.
Lo más grave es que este tipo de actos refuerzan una pedagogía autoritaria en la región. Enseñan que la fuerza manda, que el derecho internacional es opcional y que la soberanía es un adorno para países pequeños. En Costa Rica, donde durante décadas se cultivó una imagen de excepcionalidad democrática, esto puede erosionar aún más el debate electoral, desplazándolo del terreno de las propuestas y los proyectos de país hacia el terreno de las lealtades externas y los alineamientos imperiales.
Trump no está luchando contra el narcototráfico. Está moviendo fichas. Está buscando aliados obedientes en un tablero regional convulso. Y Costa Rica, con su historia de subordinación suave y una élite profundamente proestadounidense, está dentro de ese radar. Pensar que no podría influir aquí es ingenuo. La pregunta real no es si lo intentará, sino quiénes, dentro del país, ya están dispuestos a jugar ese juego y a qué costo para la democracia y la soberanía.
