Independientemente de todas las críticas que se le puedan hacer a Nicolás Maduro, no puedo celebrar ni justificar una invasión a Venezuela ni el secuestro de un presidente y de la primera dama por parte de una potencia extranjera. Nada, absolutamente nada, legitima que un país se arrogue el derecho de atacar militarmente a otro Estado soberano. Y lo peor es que ese tipo de acciones nunca han puesto fin al sufrimiento de los pueblos; al contrario, históricamente lo han profundizado.
Maduro se instauró en el poder y, desde mi punto de vista personal, eso no era ni es algo deseable. Pero esa no es mi decisión. No soy venezolana. La autodeterminación de los pueblos no funciona a la carta ni depende de si el gobernante nos cae bien o mal desde fuera. La autodeterminación es un principio básico del derecho internacional, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, que establece que cada pueblo tiene derecho a decidir libremente su sistema político, económico y social, sin injerencia externa. Eso significa que las y los venezolanos, y solo ellos, tienen el derecho de decidir su destino político, incluso cuando esa decisión incomoda o irrita a potencias extranjeras.
Yo defiendo la revolución bolivariana como un proceso histórico latinoamericano, con luces y sombras, como todos los procesos reales. Y fue el pueblo venezolano el que decidió defenderla con una persona en el poder que lleva muchos años allí. Que a mí me guste o no, que a otros les parezca bien o mal, es irrelevante frente a un principio elemental: no nos corresponde decidir por otro pueblo. Venezuela es un país brutalmente castigado, saqueado durante décadas por su petróleo, sometido a bloqueos, sanciones y asfixia económica. No tengan la menor duda de que detrás de esta nueva agresión está lo de siempre: el control de recursos estratégicos y la lógica imperial de Estados Unidos creyéndose la policía del mundo.
Estados Unidos tiene una larguísima historia de intervenir en América Latina usando como bandera la democracia, la paz o la lucha contra el narcotráfico, mientras deja a su paso países devastados, democracias rotas y pueblos traumatizados. Chile en 1973 es un ejemplo brutal: el derrocamiento y asesinato de Salvador Allende no fue un accidente ni un asunto interno, fue el resultado de una intervención directa y planificada para impedir que un pueblo decidiera su propio camino. Guatemala en 1954, Panamá en 1989, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Brasil, Bolivia, Ecuador. La lista es larga y sangrienta. Siempre el mismo discurso civilizatorio, siempre los mismos resultados.
Por eso resulta tan cínico escuchar ahora llamados a la democracia y a la paz desde quienes históricamente han financiado golpes, dictaduras, paramilitarismo y desestabilización. Y por eso también es legítimo preguntarse por la doble moral: si existe una supuesta guerra global contra el narcotráfico, ¿por qué se libera o se negocia con figuras como el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, señalado por vínculos profundos con el narcotráfico, mientras se criminaliza, se invade o se secuestra a gobiernos que no se alinean geopolíticamente? La respuesta no está en la justicia ni en la ética, sino en los intereses.
La crisis venezolana no se va a resolver con bombas, secuestros ni comandos extranjeros. Lo ha dicho el derecho internacional, lo han dicho múltiples gobiernos, lo ha dicho la propia historia de América Latina: las salidas duraderas solo pueden ser pacíficas, dialogadas y construidas por los propios pueblos. Toda injerencia militar extranjera viola la soberanía, rompe el derecho internacional y castiga, una vez más, a quienes menos responsabilidad tienen: la gente común.
Fuera de América Latina. Fuera de Venezuela. No más invasiones, no más saqueo, no más imperios decidiendo quién merece vivir en paz y quién no. La autodeterminación de los pueblos no se negocia ni se bombardea.
