Lo ocurrido con la hija de Álvaro Ramos no puede analizarse como un hecho aislado. Debe entenderse dentro de un contexto político donde la participación ciudadana empieza a ser tratada como sospecha y donde instituciones creadas para proteger derechos corren el riesgo de ser usadas para intimidar o disciplinar a quienes se oponen al poder.
El PANI anunció una investigación por la participación espontánea de una menor en una actividad política acompañada por su padre y su madre. No estamos hablando de abandono, violencia ni negligencia. Estamos hablando de una expresión pública en un acto político. El mensaje que se instala es peligroso: acercarse a la política puede traer consecuencias institucionales.
La niñez debe protegerse siempre, pero la protección no puede convertirse en censura ni en castigo encubierto. Si el problema es la exposición en redes, entonces la discusión debería centrarse en la responsabilidad de quienes viralizan, manipulan y usan imágenes de menores para el linchamiento digital. No en convertir la participación cívica en un riesgo.
Este episodio se da en un clima democrático deteriorado. El Tribunal Supremo de Elecciones ha reiterado su competencia para investigar beligerancia política. La Asamblea Legislativa decidió no levantar la inmunidad del presidente. El proceso quedó suspendido hasta el final del mandato. En ese contexto, cualquier actuación institucional que roce a figuras de oposición se percibe como parte de un patrón de hostigamiento.
Rodrigo Chaves ha gobernado desde la confrontación. Ha normalizado el ataque, el señalamiento y la descalificación como forma de ejercicio del poder. A ese estilo se suman ministros, vocerías y una red de troles que operan con agresividad constante. Así se va construyendo un ambiente donde la crítica es tratada como enemiga y donde las instituciones terminan bajo sospecha de selectividad.
No hace falta afirmar que exista una orden directa para reconocer un patrón. Cuando desde el poder se legitima la denuncia masiva, el escarnio y la persecución simbólica, las instituciones quedan atrapadas en ese clima. La consecuencia es clara: la ciudadanía aprende a callarse para no tener problemas.
Y aquí hay una incoherencia que no se puede ignorar. Mientras se activa todo un aparato institucional por la participación política de una menor en un acto público, el propio presidente acumula denuncias graves por acoso sexual. En una de esas denuncias se mencionaron incluso comportamientos asociados a zoofilia. A eso se suman gestos públicos donde el presidente alza niñas y niños, hace comentarios inadecuados y cruza límites que, en cualquier otro contexto, habrían encendido todas las alarmas. Sin embargo, sus fanáticos lo celebran, lo justifican y lo defienden, y le llevan niñas y niños para que los alce. Y lo más grave es que instituciones como el PANI y el INAMU no solo han guardado silencio, sino que en la práctica han salido a respaldarlo o a minimizar esas conductas.
Esa doble vara es asquerosa. Revela una perversión profunda del sistema de protección de derechos. No se protege a la niñez, se protege al poder. No se cuidan a las mujeres, se cuida al presidente. Y eso, en cualquier democracia sana, sería inaceptable.
Antes de que me caigan las huestes chavelas, cuento mi caso personal, porque ayuda a desmontar la idea de que la participación política familiar es sinónimo de manipulación. Aunque obviamente la niñez se permea de lo que ve en la casa, ya crecerá y tendrá tiempo de tener criterio propio.
Mi hijo Adrián no es menor de edad, tiene 33 años. Aunque físicamente parece un adolescente de 14, quizás por su discapcidad cognitiva, es un adulto con criterio propio. Siempre lo ha sido. Su maestra lo destacó muchas veces por su autenticidad, por su forma de ser genuina y firme.
Adrián es profundamente independiente. Cuando toma una decisión, se mantiene en ella. Sí hubo ruegos, discusiones y opiniones contrarias en la familia. Pero él decidió no escucharlas. Coaccionarlo no funciona, nunca ha funcionado.
Durante muchos años fue saprissista. Luego decidió hacerse porteño. No fue por presión familiar ni por influencia directa. Lo decidió escuchando televisión. Así también decidió, durante dos periodos electorales, votar por John Vega. Veníamos del Puerto escuchando radio, oyó una entrevista y ahí se quedó, con John. Esta vez volvió al Frente Amplio, con su amigo Villalta y seguramente también por escuchar a Ariel Robles. Ese es su candidato hoy.
Yo no le pido el voto. Nunca lo he hecho. Él decide. Muchas veces sabe más de política que yo, porque Adrián escucha noticias en televisión de forma constante, esté yo viendo o no la televisión. Él es un adulto y ejerce su criterio.
Traigo este ejemplo porque demuestra lo absurdo de suponer que la política en familia equivale a manipulación. Pensar así es desconocer la autonomía, el criterio y el aprendizaje cívico que se construye en la vida diaria.
Un país que persigue la expresión política mientras tolera, justifica o encubre conductas graves del poder no está protegiendo derechos. Está administrando el miedo. Y una democracia sostenida sobre el miedo no es democracia. Es otra cosa. Y huele mal.
