El comunicado emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones tras la decisión de la Asamblea Legislativa de no levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves merece algo más que una lectura rápida o una reacción visceral. Merece ser entendido en su justo contexto: como una defensa clara del Estado de Derecho, de las reglas del juego democrático y de la institucionalidad electoral costarricense.
El TSE no discute la facultad política de la Asamblea Legislativa para decidir si levanta o no una inmunidad. Al contrario, reconoce explícitamente que esa decisión puede responder a criterios de coyuntura y conveniencia política. Ese reconocimiento no es una concesión débil, es una afirmación honesta de la separación de poderes. Cada órgano actúa en el ámbito que la Constitución le asigna.
Lo verdaderamente relevante del pronunciamiento está en otro punto: la ratificación, por todas las instancias legislativas involucradas, de que el TSE sí tiene competencia para investigar y sancionar la beligerancia política. Esa afirmación es crucial en un momento en que se ha intentado, desde distintos frentes, erosionar la legitimidad de los órganos de control, desacreditar árbitros y presentar cualquier límite al poder como una persecución.
La beligerancia política no es un invento ni una ocurrencia. Es una figura constitucional diseñada precisamente para proteger la imparcialidad del aparato estatal y garantizar que quienes ejercen cargos públicos no utilicen su posición para inclinar la balanza electoral. No se trata de opiniones personales ni de silencios forzados; se trata de evitar que el poder del Estado se use como herramienta partidaria.
El TSE actuó conforme a derecho al declarar admisibles quince denuncias, realizar una investigación preliminar y solicitar el levantamiento de la inmunidad como paso previo al procedimiento sancionatorio. Esa solicitud no prejuzga culpabilidades, no condena, no sentencia. Simplemente sigue el debido proceso que la Constitución y el Código Electoral establecen cuando la persona denunciada goza de fuero.
Que la Asamblea haya decidido no levantar la inmunidad no borra ese proceso ni lo invalida. Lo suspende. Y el TSE lo dice con total claridad y transparencia: el procedimiento se reanudará cuando el mandato presidencial concluya y la inmunidad decaiga. No hay amenazas, no hay atajos, no hay arbitrariedad. Hay respeto por los tiempos legales.
Avalar la posición del TSE no es tomar partido político. Es entender que sin árbitros fuertes, independientes y respetados, la democracia se vacía por dentro. Hoy puede incomodar a unos; mañana puede ser la única barrera frente a abusos mayores.
En un clima de polarización, ruido y ataques constantes a las instituciones, el comunicado del Tribunal Supremo de Elecciones recuerda algo esencial: las reglas existen, los procedimientos importan y nadie, absolutamente nadie, está por encima de la Constitución. Aunque algunos prefieran que así sea.
Y eso, en tiempos como estos, no es poca cosa.
