Costa Rica se precia de su imagen verde, pero bajo esa alfombra de biodiversidad se están acumulando tubos, permisos exprés y apellidos que pesan más que cualquier evaluación de impacto ambiental. Esta vez el apellido es Tattenbach, y el escenario no es un cuento de hadas ecológico, sino un terreno costero público con una tubería plantada sin permiso municipal y con preguntas que nadie en el poder ha querido responder.
El hijo del ministro y una tubería de 400 metros
En enero de 2023, maquinaria pesada apareció en Playa Bejuco, en Nandayure, Guanacaste, para instalar una tubería de más de 400 metros desde el mar hasta una finca privada. El objetivo: abastecer un proyecto de cría de pargos operado por la empresa Industrias Martec, dedicada a la maricultura. El problema: la playa es zona pública, y la obra no contaba con permiso de uso de suelo ni aval municipal.
Lo relevante es quién lideraba esa operación: Max Tattenbach Capra, hijo del actual ministro de Ambiente, Franz Tattenbach. Según confirmó el medio CRHoy, Max fungía como director de operaciones de Martec cuando se tramitó la viabilidad ambiental ante SETENA, la cual fue otorgada en julio de 2022. Dos meses después, su padre asumió como jerarca del MINAE, institución bajo la cual operan tanto SETENA como las áreas de conservación que fiscalizan este tipo de proyectos.
Cuando estalló la polémica, la Municipalidad de Nandayure ordenó paralizar las obras y el Concejo Municipal exigió retirar la tubería por invadir el dominio público (CRHoy). Max Tattenbach defendió públicamente el proyecto afirmando que no había daño ambiental y que los permisos estaban en regla. Pero hasta hoy, nadie ha explicado por qué una empresa dirigida por el hijo del ministro operaba en una playa pública con una obra de ese calibre sin autorización local.
El ruido de Gandoca y las conexiones familiares
Lo anterior no ocurre en el vacío. En paralelo, el país vive otro escándalo ambiental: la tala autorizada dentro del Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo, zona protegida donde se permitieron aprovechamientos forestales a empresarios cercanos al poder político. La Fiscalía investiga si hubo tráfico de influencias, falsedad ideológica y prevaricato para permitir el desmonte de bosque primario en un área supuestamente intocable (La Nación).
Entre los investigados figura Franz Tattenbach, el ministro. Aunque Max no aparece como parte de esa causa penal, el sitio escandalotattenbach.com denuncia que ambos casos —la tubería en Bejuco y la permisividad en Gandoca— reflejan un patrón de acceso privilegiado a decisiones ambientales para círculos cercanos al Ejecutivo.
La denuncia no presenta pruebas directas de ilegalidad, pero plantea preguntas incómodas:
- ¿Por qué se permitió una obra privada en una playa pública sin mayor supervisión?
- ¿Tuvo algún peso el parentesco con el ministro para la obtención de los permisos ambientales?
- ¿Hubo omisión deliberada de controles institucionales?
El silencio oficial no ayuda. Ni el MINAE ni el ministro han emitido explicaciones claras sobre el rol de su hijo. Tampoco hay evidencia de que Franz Tattenbach se haya inhibido de tratar temas relacionados con Martec o Playa Bejuco. Y hasta ahora, ninguna institución ha sancionado lo ocurrido.
¿Legal? Tal vez. ¿Imparcial? Esa es la duda.
Técnicamente, todo podría haber pasado el filtro de la legalidad. Pero en política ambiental, la percepción es casi tan grave como el acto mismo. Que el hijo del ministro de Ambiente opere un proyecto en zona costera, sin permisos municipales, con tuberías que cruzan playa pública, bajo el ala de instituciones reguladas por su propio padre, pone en jaque el principio de imparcialidad del Estado.
Y mientras se investiga si en Gandoca se deforestó a favor de intereses conectados a Casa Presidencial, la sombra del tráfico de influencias también se proyecta sobre el ducto de Bejuco. Quizá no haya delito. Pero sí hay una estructura de vínculos familiares que, como mínimo, merece ser fiscalizada.
🟢 Leé la denuncia completa aquí: escandalotattenbach.com
