La democracia y la institucionalidad no son perfectas. La sociedad debería avanzar hacia modelos más horizontales, con formas de autogobernanza y autogestión que respondan mejor a los cambios de la humanidad. Yo misma, y muchas de ustedes, hemos criticado instituciones que no nos protegen, que actúan con displicencia o que caen en inoperancias dolorosas. Sin embargo, en esta coyuntura tan frágil, lo más cercano que tenemos a una protección civil, a un freno real contra el populismo y una dictadura chavista Cada vez que Rodrigo Chaves aparece cortando cinta, su maquinaria repite el libreto: “este sí hace obra, este sí acabó con la corrupción”. Pero basta ver los reportajes para entender el truco. CRHoy documentó cómo fue a “inaugurar” un condominio de interés social en Los Guido que ya estaba habitado desde hacía más de dos meses y que se desarrolló en la administración anterior, lo mismo con el acueducto de El Llano de Alajuelita, listo desde noviembre de 2022 y gestado, financiado y contratado antes de que él llegara a Zapote, y hasta una bodega climatizada del CNP que había sido inaugurada en 2022 por Epsy Campbell y que el gobierno actual vendió de nuevo como logro propio. Todo eso está en blanco y negro, a un clic, en las notas de CRHoy.
Semanario Universidad revisó solo el mes previo al arranque oficial de la campaña y contó alrededor de 25 actos protocolarios: inauguraciones, puestas en servicio, aniversarios y anuncios a futuro, muchos de ellos de obras financiadas con programas y fideicomisos gestados en gobiernos anteriores, y aun así usados como tarima para que el presidente pida “continuidad” y dispare contra sus adversarios. No es casualidad: es estrategia. Inflar la vitrina de logros aunque buena parte de la mercancía venga de administraciones pasadas.
En paralelo, mientras sus fanáticos repiten que “él sí acabó con la corrupción”, ahí están las acusaciones y datos que lo contradicen: el PAC le tuvo que sacar números en Radio Columbia para desmentir que el superávit fiscal y la baja de la deuda fueran logros exclusivos de su gobierno, y la Fiscalía ya presentó acusación formal en el caso BCIE por presunta concusión. Eso no es precisamente el retrato del adalid anticorrupción que venden en los reels oficiales.
Por eso, cuando veamos otra inauguración con dron, tarima, música épica y jaguares de fondo, lo mínimo es hacerse tres preguntas sencillas: ¿quién diseñó y financió esa obra?, ¿cuándo se gestionó y contrató realmente?, ¿cuánto de lo que se ve es gestión nueva y cuánto es buchaca de obra heredada o ni siquiera terminada? Malicia, mucha malicia. Que no nos convenzan de que “hace obra” solo porque sabe posar para la foto.es esta democracia que aún resiste.
En Costa Rica estamos viendo un deterioro institucional que ya no se puede disimular. El oficialismo convirtió el desacuerdo en sospecha y la fiscalización en enemistad. La presión contra las instituciones surge cada vez que alguna de ellas aplica los límites que la ley exige. No es un conflicto normal entre poderes, sino una confrontación sostenida con cualquiera que no se pliegue al Ejecutivo.
Los ataques contra el TSE ilustran ese patrón. El tribunal aplica reglas que existen desde hace años y que garantizan condiciones equilibradas en campaña. Frente a eso, el Ejecutivo responde acusándolo de parcialidad, lo presenta como un obstáculo y cuestiona la integridad de sus magistrados y funcionarios. Gustavo Román expuso con claridad cómo se distorsionan hechos básicos para justificar acusaciones y golpear reputaciones. Esa táctica afecta al funcionario señalado, pero también intimida a todo el cuerpo institucional. Si a quien explica la ley se le trata como adversario político, los demás pensarán dos veces antes de aplicar normas incómodas para el poder.
La ofensiva no se limita al tribunal electoral. El Poder Judicial ha sido objeto de discursos que erosionan su credibilidad. Se han organizado manifestaciones para pedir renuncias de fiscales y se repiten insinuaciones sobre supuestos encubrimientos o complicidades sin sustento. El mensaje subyacente es que la justicia funciona correctamente solo cuando favorece al Ejecutivo. Ese ambiente presiona a fiscales y jueces, debilita la independencia y abre la puerta a una justicia selectiva, justamente lo que la democracia busca evitar.
La prensa independiente también recibe golpes constantes. Se le acusa de mentir, manipular o estar financiada por intereses ocultos, aunque la función del periodismo sea precisamente vigilar al poder. Los intentos regulatorios desafortunados, las tensiones con medios pequeños y la agresividad del discurso presidencial crean un clima que desalienta la crítica y fomenta la autocensura. Una sociedad informada depende de una prensa incómoda; si esa incomodidad se castiga, la ciudadanía queda expuesta a versiones oficiales sin contraste.
La irrupción de Laura Fernández en este panorama no representa un cambio de estilo, sino la consolidación del mismo. Su campaña repite los cuestionamientos al TSE, normaliza la idea de que las instituciones están “secuestradas” y plantea que es necesario “refundar” el país para que el proyecto político avance sin trabas. Ese discurso coincide con el desgaste institucional promovido desde el Ejecutivo y proyecta un futuro donde la obediencia del sistema importa más que la legalidad.
Un país que pierde la separación de poderes entra en una zona peligrosa. Las instituciones ya no equilibran, sino que obedecen. La justicia deja de ser un límite y se convierte en herramienta. Las elecciones se mantienen, pero las condiciones dejan de ser parejas. La prensa sobrevive, pero con temor. La voz ciudadana continúa, pero con menos información y más ruido. La democracia ya no se sostiene por convicción, sino por apariencia.
Román no escribió solo para defenderse. Señaló una tendencia que afecta a toda la estructura democrática. Cuando funcionarios públicos temen cumplir la ley por miedo a represalias, el poder se concentra. Cuando los ataques se normalizan, la ciudadanía se acostumbra. Cuando esa costumbre avanza, la democracia retrocede.
Costa Rica necesita instituciones que resistan la presión política, no que la aplaudan. Esa resistencia define el país que queremos conservar, no el que el poder de turno pretende moldear a conveniencia. Si renunciamos a esa defensa, el proyecto autoritario avanzará sin necesidad de decretarlo. Bastará con haber debilitado a quienes debían frenarlo.
