Nayib Bukele no nació de la nada. Llegó a la presidencia de El Salvador en 2019 montado sobre el hartazgo contra los partidos tradicionales de derecha (ARENA) y de izquierda (FMLN), acusados de corrupción, violencia y fracaso para resolver la pobreza y la inseguridad. Su imagen de “antiestablishment”, joven, hábil con redes sociales y con un discurso directo contra “los mismos de siempre”, le permitió ganar la presidencia con amplio margen y romper la bipolaridad que marcó la política salvadoreña desde la posguerra.
Al inicio se presentaba como un gobernante fuerte pero democrático. Sin embargo, una pieza clave cambió el juego: cuando su partido Nuevas Ideas obtuvo una supermayoría en la Asamblea Legislativa en 2021, el nuevo Congreso removió de un plumazo a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general, antes de que terminara su periodo, y nombró otros afines al presidente. Organismos como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas y organizaciones de derechos humanos denunciaron ese movimiento como un golpe serio a la independencia judicial y al Estado de derecho.
La relación de Bukele con el poder legislativo no empezó en 2021: venía incubándose desde 2020, cuando en un acto que estremeció a toda la región entró al salón legislativo acompañado por militares armados para presionar a los diputados a aprobarle un millonario préstamo para seguridad. Aquella escena, donde el presidente se sentó en la silla del jefe del Congreso y oró antes de intimidar públicamente a la Asamblea, fue interpretada como una advertencia de lo que vendría: un presidente dispuesto a usar la fuerza y la presión militar para doblegar a un poder de la República. Ese día quedó claro que el populismo de Bukele tenía la tentación autoritaria muy cerca de la piel.
Cuando Nuevas Ideas ganó el control del Congreso, esa tentación se convirtió en acción sin obstáculos. La Asamblea se volvió un apéndice del Ejecutivo: aprobó leyes sin debate, acompañó decisiones presidenciales sin contrapeso y reformó estructuras claves como la ley de carrera judicial para permitir la destitución de jueces por edad, lo que en la práctica barrió a cientos de magistrados y dejó el sistema lleno de nombramientos alineados con el oficialismo. De esta forma, Bukele logró algo casi imposible en una democracia moderna: tener bajo su control al poder judicial y al poder legislativo al mismo tiempo. La concentración de poder dejó de ser una sospecha y se volvió una realidad.
Desde ahí, el populismo comenzó a deslizarse hacia algo más peligroso. Un gobierno populista se caracteriza por hablar en nombre del pueblo contra las élites, concentrar una gran parte del poder en el líder y usar un lenguaje emocional y polarizante, pero manteniendo todavía ciertas formas democráticas: elecciones, prensa parcialmente libre y oposición tolerada. Una dictadura, en cambio, va más allá: captura por completo los poderes del Estado, elimina o neutraliza a la oposición, cierra los espacios de crítica y usa el miedo y la represión sistemática para sostenerse. La frontera no es un día ni una ley, es un proceso.
En El Salvador, ese proceso se aceleró en marzo de 2022, cuando tras un pico de homicidios el gobierno declaró un régimen de excepción para lanzar su guerra contra las maras. Investigaciones periodísticas habían señalado antes la existencia de posibles pactos entre el gobierno y las pandillas para reducir homicidios a cambio de beneficios en las cárceles; cuando ese pacto se habría roto, llegó la ola de asesinatos y, con ella, el estado de emergencia.
El resultado fue un giro brutal hacia la mano dura: detenciones masivas, toques a la puerta de madrugada, capturas basadas muchas veces en simples sospechas, apariencia física o pertenencia a ciertos barrios. En pocos años se habla de más de 78.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción, en un país de poco más de seis millones de habitantes, según organizaciones de la sociedad civil y reportes internacionales. El gobierno lo presenta como un éxito rotundo: la tasa de homicidios cayó a niveles históricamente bajos, al punto de que en 2024 El Salvador cerró con apenas 114 homicidios registrados, una cifra impensable una década atrás.
Pero la otra cara del modelo es oscura. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones han documentado patrones sistemáticos de violaciones a derechos humanos: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, muertes bajo custodia, falta total de debido proceso, incluso contra niñas, niños y adolescentes de comunidades pobres. Las megacárceles como el CECOT se han vuelto símbolo de fuerza para unos y de terror para otros.
¿A quién ha encarcelado Bukele? El discurso oficial dice que a terroristas de las maras MS-13 y Barrio 18. Es cierto que durante décadas esas pandillas dominaron territorios, extorsionaron, violaron, asesinaron y desplazaron a miles de personas, convirtiendo la vida cotidiana en un infierno. Pero los informes de derechos humanos muestran que entre las decenas de miles de detenidos también hay personas sin antecedentes, trabajadores, jóvenes sin vínculos comprobados con pandillas, familias que no saben de qué se acusa a sus hijos o esposos. La lógica del número, no del caso individual, ha terminado metiendo inocentes junto con culpables.
En lo político, Bukele se ha ido desmarcando de cualquier límite. Se llama a sí mismo el dictador más cool del mundo o el dictador más cool, mezclando chota y desafío. A pesar de que la Constitución salvadoreña históricamente prohibía la reelección inmediata, la nueva Sala Constitucional nombrada por sus aliados reinterpretó el texto para permitirle postularse de nuevo. Así, en 2024 fue reelecto con más del 80 por ciento de los votos, en una elección donde la oposición llegó debilitada, se redujo la cantidad de municipios y curules legislativas y el terreno estaba claramente inclinado a favor del oficialismo.
¿Hubo fraude electoral abierto en El Salvador? Aquí las respuestas se dividen. Sectores críticos, analistas y medios hablan de fraude estructural y señalan irregularidades en el conteo, cambios de reglas y manipulación institucional para garantizar una supermayoría al oficialismo. La misión de observación de la OEA, por su parte, reconoció problemas en la transmisión de resultados y en la administración electoral, pero afirmó que no vio hechos que alteraran la voluntad expresada en las urnas. Más que una simple pregunta de hubo fraude o no, muchos especialistas describen el régimen como un caso de autoritarismo electoral: hay elecciones, pero el árbitro, las reglas y el tablero completo responden al mismo proyecto de poder.
La línea entre populismo y dictadura se ve clara cuando se observa a quién le responden los poderes del Estado. Un gobierno populista fuerte, pero todavía democrático, recibe límites reales de la prensa, el poder judicial, la oposición y la sociedad civil. En cambio, en El Salvador de Bukele, los contrapesos han sido debilitados o cooptados: se destituyó a jueces y al fiscal, se aprobó legislación que permite remover jueces por edad, se acosa a organizaciones críticas y se concentra la fuerza militar, policial, legislativa y judicial alrededor de una sola figura.
Populismo es prometer seguridad, orden y limpieza de la corrupción hablando en nombre del pueblo. Dictadura es usar esa promesa para justificar un poder sin controles, donde se encarcela primero y se pregunta después, donde las leyes se doblan para acomodar la voluntad del líder, donde quien critica puede pagar un precio muy alto. El Salvador hoy es el ejemplo perfecto de cómo un populismo exitoso en las urnas puede convertirse, casi sin que la palabra se pronuncie, en una dictadura de facto con aplausos incluidos.
Cuidado Costa Rica.
