Costa Rica siempre creyó que estaba a salvo del derrumbe institucional que golpeó a tantos países de América Latina. La paz, la abolición del ejército y la estabilidad democrática nos dieron la ilusión de que aquí las cosas malas no llegaban, o que si llegaban, rebotaban. Pero el mundo cambió, y Costa Rica también. Hoy estamos en un punto donde los elementos que sostienen a los autoritarismos y a los populismos duros empiezan a asomarse con la tranquilidad de quien sabe que nadie los está enfrentando como se debe.
El primero de esos elementos es el narcotráfico. Durante décadas nos repetimos que éramos puente, no casa. Hoy somos casa, bodega, campo de batalla y cementerio. El crimen organizado encontró aquí lo que necesitaba: puertos débiles, instituciones subfinanciadas, autoridades sobrecargadas y territorios con pocos recursos donde la ley llega tarde o no llega. La evidencia está a la vista: cifras récord de homicidios, muchachos asesinados como si fueran material de descarte, barrios enteros sometidos al miedo y un Estado que responde tarde, desordenado o sin rumbo. Mientras tanto, grupos narcos se disputan espacios como si fueran mini repúblicas donde manda el que tiene más municiones.
Y lo más grave: cuando el narcotráfico se mete en un país, nunca entra solo. Entra con corrupción, con intimidación, con silencio. Entra comprando conciencias y vendiendo miedo. Entra debilitando instituciones desde adentro, erosionando lo que antes parecía sólido. La democracia empieza a desmoronarse no cuando un líder autoritario sube, sino cuando el crimen organizado encuentra forma de respirar dentro de las costuras del Estado.
A la par de este avance del crimen, Costa Rica lleva años retrocediendo en algo que siempre fue su escudo: la educación. Cada presupuesto recortado, cada programa cerrado, cada escuela sin fondos, cada universidad desfinanciada nos convierte en un país más vulnerable, más manipulable, más frágil. La educación pública era nuestro muro de contención contra la desigualdad, el fanatismo y el clientelismo. Hoy, con los recortes sistemáticos, las generaciones jóvenes crecen con menos oportunidades para escapar del círculo de pobreza y violencia que el narcotráfico usa como combustible.
Mientras tanto, los programas sociales que sostenían a miles de familias se adelgazan o desaparecen bajo el argumento de la austeridad. La pobreza se vuelve más profunda, más dura. Y en territorios donde el Estado deja de estar presente, otro poder ocupa su vacío. El crimen organizado se vuelve patrón, protector, juez, empleador. Así empieza el colapso lento de un país: no con un golpe militar, sino con la retirada silenciosa del Estado.
El aumento de femicidios es otra señal de alarma que se clava como una espina en la piel del país. La violencia contra las mujeres no es solo un problema de seguridad, es un síntoma de descomposición social, de desigualdad, de impunidad. Cuando el Estado no protege a las mujeres, está enviando el mensaje de que ciertas vidas valen menos. Ese mensaje sostiene tanto al machismo como al autoritarismo, porque ambos se alimentan de jerarquías de poder y de desprecio por los derechos humanos.
En el centro político, el verbo violento del presidente ha normalizado un estilo de gobierno basado en el insulto, el desprecio, la desinformación y la confrontación constante. Un presidente que usa el lenguaje como arma abre el camino para que sus seguidores utilicen la violencia simbólica y verbal como escudo, como orgullo y como método para aplastar cualquier crítica. Esa violencia discursiva baja, se replica, se multiplica. Las redes se llenan de hostigamiento, amenazas, humillaciones, deshumanización. Lo que antes era inaceptable ahora se aplaude. Lo que antes era señal de alarma ahora se ve como entretenimiento.
En paralelo, los otros poderes de la República se debilitan. Las instituciones que históricamente frenaron los abusos del Ejecutivo están hoy presionadas, atacadas o deslegitimadas. Tribunales, cortes, contralorías, prensa, órganos fiscalizadores: todos han recibido golpes sistemáticos, ya sea por recortes, por ataques verbales, por campañas de descrédito o por maniobras políticas que buscan reducir su capacidad de limitar al poder de turno. Cuando el país empieza a ver al Poder Judicial como enemigo, al Legislativo como obstáculo y a la prensa como adversaria, los autoritarismos encuentran terreno fértil.
Costa Rica vive un momento donde varias fuerzas peligrosas se cruzan: el narcotráfico avanzando, la educación retrocediendo, la desigualdad profundizándose, la violencia de género aumentando, el discurso presidencial polarizando, los controles institucionales debilitándose. Nada de esto por sí solo crea una dictadura. Pero juntos crean el ambiente perfecto para que un líder autoritario justifique concentrar poder en nombre del orden.
Las dictaduras modernas no llegan como tanques artillados en la calle. Llegan como promesas de limpieza moral, como mano dura, como eficiencia, como salvación. Llegan cuando el pueblo está cansado, asustado o harto. Llegan diciendo que la democracia es lenta, que los derechos son estorbos, que la crítica es traición. Hoy Costa Rica no es una dictadura, pero tampoco es la fortaleza democrática que cree ser. Es un país en transición, en disputa interna, en riesgo.
La pregunta que debemos hacernos no es si Costa Rica puede caer en autoritarismo. La pregunta verdadera es cuánto tiempo tardaría en caer si seguimos debilitando las instituciones que nos sostienen, si seguimos recortando la educación, si seguimos tolerando el avance del crimen organizado y si seguimos aplaudiendo la violencia verbal como si fuera valentía.
El autoritarismo no se instala de un solo golpe. Avanza paso a paso, siempre acompañado de aplausos. Y cuando la gente se da cuenta de que perdió sus libertades, ya no hay forma fácil de recuperarlas.
